El chiringuito socialista en Andalucía: los beneficiarios de los ERE no firmaban los convenios de las ayudas

A sólo unos días de que dé comienzo la campaña electoral en Andalucía, al PSOE se le siguen sumando problemas del pasado. Gracias a la declaración de dos testigos que han comparecido en el juicio de una pieza separada de los ERE fraudulentos hemos conocido este martes que los beneficiarios no firmaban los convenios de las ayudas.

En esta pieza de los ERE se investigan las ayudas de la Junta socialista de Andalucía a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos 

En concreto, la sesión de este martes ha contado con la comparecencia como testigos de Pablo M., exdirector de Administración y Finanzas del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA); y de Juan V.Q., quien ejerció varios años el mismo cargo en dicha entidad cuando ya la misma había sido rebautizada como Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Pablo M. ha manifestado que el papel del IFA en las ayudas investigadas era pagar las mismas merced a convenios firmados por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020; y el correspondiente director del IFA, sin que se recibiese «ningún papel con la firma de los beneficiarios» de las ayudas, toda vez que era la Secretaría General del IFA la instancia que supervisaba la «legalidad» de los citados convenios, según sus palabras.

Transferencias «globales»

Las ayudas cuyo pago había de formalizar el IFA, según ha dicho, eran sufragadas con «transferencias generales o globales» procedentes de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, remitidas «periódicamente por la Consejería de Empleo», sin que pesase una correspondencia concreta entre transferencias y convenios, como ha manifestado este testigo.

Juan V.Q., por su parte, ha corroborado el funcionamiento de los pagos de las subvenciones mediante convenios firmados por el director general de Trabajo y Seguridad Social y la dirección de IDEA, para «ayudas a empresas», una denominación que ha manifestado no saber si era la «correcta» en términos jurídicos. Según ha asegurado, a su área no le correspondía el «aspecto jurídico» de los convenios.

En principio, según ha dicho, él no recuerda que las empresas beneficiarias de las subvenciones «firmasen» los mencionados convenios que sostenían los pagos de las cuantías, documentos en los que apenas figuraba «una descripción genérica del destino al que se dedicaba» cada ayuda. Del mismo modo, ha ratificado que el dinero procedía de «transferencias de financiación» del presupuesto autonómico, reconociendo unos «importantes retrasos» en los pagos de las ayudas comprometidas, porque las mismas eran abonadas merced a la «disponibilidad» de tales transferencias.

Cárcel

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Rogelio B.M., Fernando Pedro M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para Gerardo C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.

No obstante, todos los acusados se han declarado inocentes ante el tribunal del juicio, que en la segunda sesión accedía a sus peticiones de declarar tras las pruebas testificales y periciales en lugar que antes de las mismas.